El acceso a la vivienda es una de las políticas sociales más esenciales para la protección de la familia. También es una de las políticas más importantes para los jóvenes, porque sin un posible acceso a una vivienda de tres dormitorios no se puede plantear la perspectiva natural de formar una familia, sin esperar a tener treintaytantos y una posición estable.
La vivienda es un bien de primera necesidad, y una de las razones de ser del estado es precisamente evitar la especulación con bienes de primera necesidad. Es decir: la vivienda no puede ser una inversión más como la bolsa o la creación de empresas. No se puede sostener que haya miles de viviendas vacías ravalorizándose sin cumplir su función social y que la especulación aumente los precios haciéndolos inaccesibles a los jóvenes.
El derecho de todos a una vivienda digna y adecuada se recoge en el artículo 46 de la Constitción Española, y corresponde a los poderes públicos promover las condiciones y legislar para que esto se cumpla. En la situación actual, hemos de preguntarnos por qué hay tantas viviendas vacías, y la respuesta es que, si sus propietarios prefieren perder los ingresos que reportaría sacarlas al mercado de alquiler, es por la inseguridad jurídica del mismo, lo cual es necesario evitar. Las leyes y el sistema jurídico deben proteger equilibradamente a propietarios e inquilinos, para que no paguen justos por pecadores y sus relaciones puedan ser correctas y fluidas.
La inseguridad juridica y el miedo a que el inquilino de convierta en un okupa hace que en los últimos años los propietarios se hayan blindado contratando seguros de alquiler. Las empresas de seguros exigen entonces una nómina que avele al inqulino, y eso está provocando que, en los últimos años, los más desfavorecidos, que van saliendo adelante con contratos temporales, obras, etc., no puedan siquiera encontrar un alquiler barato que podrían pagar. Son los más pobres -y los más jóvenes- los que están pagando el pato de una política de vivienda muy deficiente o ausente. Además, la inseguridad está beneficiando a las empresas de seguros, que se apropian de parte de los beneficios, lo que puede contribuir algo más al aumento de precios.
Por otra parte, la otra okupación, la de la patada en la puerta, no hace más que echar leña al fuego de la inseguridad. Es preciso proteger la propiedad privada, y considerar la okupación como lo que es, un allanamiento de morada que debe ser solucionado inmediatamente por la fuerza pública y perseguido penalmente. Es inexplicable que la okupación haya sido tolerada -amparada más bien- por los poderes públicos en España, contra la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Por último, hay que establecer medicas económicamente bien ajustadas para apoyar el acceso a la primera vivienda y encarecer la especulación. Como hemos dicho, evitar la especulación con los bienes de primera necesidad es una de las tareas más importantes del estado. Si un estado no sirve para eso, no sirve para casi nada. Ya en la Edad Media, una de las funciones principales asumidas por los reyes fue evitar la especulación con el trigo por parte de los señores feudales. Actualmente, sin embargo, vemos cómo la especulación inmobiliaria convierte en esclavos de los bancos a generaciones enteras. Esto no se puede mantener.
La política de vivienda es una cuestión transversal a derecha e izquierda, beneficia a la familia y especialmente a los jóvenes, y debe ser una cuestión prioritaria para todo el que aspire a un liderazgo político, ya sea a nivel local, autonómico o nacional. Que hay muchos intereses detrás de algo que mueve tanto dinero, y que esos interesses no favorecen a la familia ni a los jóvenes, es claro. Por eso es importante que el estado regule justa y equilibradamente este mercado para proteger el bien común.
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